CasusLegalCorpus de jurisprudencia de los tribunales superiores
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Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 22 de julio de 2026 n.º 53-П en el asunto sobre el examen de la constitucionalidad del apartado 3 de la parte primera del artículo 24 y de la parte tercera del artículo 214 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia en relación con la reclamación del ciudadano V.G.Petrov. La sentencia declaró las normas conformes con la Constitución, a condición de que se garantice a la víctima una investigación efectiva antes de que expire el plazo de prescripción, la impugnación de la terminación del procedimiento y la reparación del daño después de su terminación.
Las denominaciones de los actos mencionados son enlaces activos: el enlace abre el texto completo del acto en CasusLegal.
El 8 de octubre de 2014 se inició un proceso penal contra una persona no identificada por la sustracción mediante engaño de fondos transferidos por V.G.Petrov en 2012 mediante una transferencia de dinero; el hecho fue calificado inicialmente conforme a la parte segunda y posteriormente conforme a la parte cuarta del artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia. El procedimiento fue suspendido en varias ocasiones con arreglo al apartado 1 de la parte primera del artículo 208 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia debido a que no se había identificado a la persona que debía ser llevada ante la justicia como acusada, y posteriormente se reanudó. El 2 de septiembre de 2022, el procedimiento se dio por terminado con arreglo al apartado 3 de la parte primera del artículo 24 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia debido al vencimiento de los plazos de prescripción de la persecución penal.
El 13 de agosto de 2024, el Tribunal de Distrito de Leninski de la ciudad de Vladivostok, conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, declaró ilegal la resolución del investigador, al considerar que la terminación del procedimiento por prescripción solo era admisible respecto de una persona concreta que no se opusiera a ello; la decisión fue confirmada en apelación. Sin embargo, cuando el jefe del órgano de investigación solicitó, conforme al artículo 214.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, la revocación de la resolución, esta fue denegada con el argumento de que no se requería el consentimiento cuando el acusado no había sido identificado y de que la parte tercera del artículo 214 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia prohibía reanudar el procedimiento una vez vencidos los plazos de prescripción; estas conclusiones fueron respaldadas por las instancias superiores hasta llegar al juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. El solicitante pidió que el apartado 3 de la parte primera del artículo 24 y la parte tercera del artículo 214 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia fueran declarados contrarios a los artículos 18, 19 (apartado 1), 45 y 46 (apartados 1 y 2) de la Constitución de la Federación de Rusia, en la medida en que permiten terminar el procedimiento por prescripción sin el consentimiento de una persona no identificada y prohíben reanudarlo pese a que un tribunal haya declarado ilegal la resolución de terminación.
Al determinar el objeto del examen, el Tribunal Constitucional indicó por separado que, en virtud de la parte primera.1 del artículo 214 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, la revocación de una resolución de terminación del procedimiento una vez transcurrido un año está permitida sobre la base de una decisión judicial adoptada conforme a los artículos 125, 125.1 y 214.1 de dicho Código. La declaración de ilegalidad de la resolución mediante una decisión firme dictada conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia no presupone la activación adicional del procedimiento previsto en el artículo 214.1, sino que exige la ejecución del acto judicial. Lo contrario conduciría al incumplimiento de una decisión judicial cuya corrección no ha sido refutada y entraría en contradicción con los artículos 15 (apartado 2), 19 (apartado 1), 46 (apartado 1), 52 y 120 (apartado 1) de la Constitución de la Federación de Rusia. El examen tuvo por objeto las normas impugnadas en la medida en que, sobre su base, se resuelve la cuestión de la terminación del procedimiento cuando no se ha identificado a la persona que debe ser llevada ante la justicia como acusada, y de la reanudación del procedimiento una vez vencidos los plazos de prescripción previstos en el artículo 78 del Código Penal de la Federación de Rusia.
El Tribunal partió de que la persecución penal es una forma de cumplir la obligación estatal de proteger los derechos y las libertades; sin embargo, la determinación de los fundamentos de la persecución y de la renuncia a ella corresponde al Estado, y no a la víctima, puesto que el tipo y la medida de la responsabilidad se determinan atendiendo a intereses de Derecho público. Al mismo tiempo, los intereses de las víctimas tienen importancia jurídico-pública, lo que obliga al Estado a garantizarles el acceso a la justicia y la reparación del daño causado, con las debidas garantías procesales (artículos 2, 21 (apartado 1), 45, 46 y 52 de la Constitución de la Federación de Rusia; Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de 1985). La institución de la prescripción se basa, a su vez, en la disminución de la peligrosidad social del hecho con el transcurso del tiempo, en la posibilidad de restablecer la justicia social sin represión penal y en el principio de humanidad: el hecho no deja de ser delictivo, pero se elimina su punibilidad.
Al analizar el artículo 78 del Código Penal de la Federación de Rusia, el Tribunal señaló que el transcurso de los plazos de prescripción está vinculado exclusivamente al momento de comisión del delito, y no al descubrimiento del hecho ni a la identificación del culpable, y que solo se suspende cuando la persona se sustrae a la investigación o al juicio, o al pago de una multa judicial. El legislador, pese a tener esa posibilidad, no incluyó la falta de identificación de la persona entre las circunstancias que afectan al transcurso de la prescripción. La exigencia de la parte segunda del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, relativa a la inadmisibilidad de terminar la persecución cuando el sospechoso o acusado se opone, está dirigida a proteger a una persona concreta dotada de estatuto procesal; respecto de una persona no identificada que no ha sido objeto de restricciones de derechos, la decisión no afecta a sus derechos ni requiere conocer su posición. Esta conclusión se ve confirmada por la parte tercera.3 del artículo 6.1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, que parte expresamente de la admisibilidad de terminar el procedimiento por este motivo cuando no se ha identificado al culpable. Constituyen una excepción los delitos mencionados en las partes cuarta y quinta del artículo 78 del Código Penal de la Federación de Rusia: respecto de ellos, el investigador no está facultado para resolver la cuestión de la exención de responsabilidad por prescripción, y el procedimiento debe suspenderse, no terminarse.
Al verificar la suficiencia de las garantías de los derechos de la víctima, el Tribunal señaló que el derecho a una investigación efectiva, es decir, realizada con la debida exhaustividad e imparcialidad, debe ejercerse oportunamente, antes de que expire el plazo de prescripción; aplicar la prescripción sin una investigación oportuna, completa y exhaustiva supondría que el Estado incumpliera su deber. Este derecho se protege mediante la impugnación conforme a los artículos 123 y 124 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, el control departamental y la supervisión de la fiscalía (artículos 37 y 39), así como el control judicial conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, en cuyo marco el tribunal no se limita a una comprobación formal, sino que evalúa la fundamentación fáctica de las decisiones y omisiones y puede señalar infracciones concretas que deban subsanarse. La resolución de terminación del procedimiento puede revocarse si circunstancias de importancia sustancial se han reflejado incorrectamente o se les ha dado una valoración jurídica errónea, incluso cuando exista un error en la categoría o en el momento de comisión del delito o en la cuestión de la suspensión del transcurso de la prescripción.
El Tribunal examinó por separado la protección de la víctima mediante los instrumentos del proceso civil: no se le puede denegar el acceso a los materiales del proceso penal, que el tribunal admite como pruebas documentales conforme a las reglas de los artículos 67 y 71 del Código de Procedimiento Civil de la Federación de Rusia, y la valoración de los fundamentos sustantivos de la reparación del daño no está limitada por las conclusiones de la resolución de terminación del procedimiento. Como regla general, la demanda puede presentarse dentro del plazo de diez años (artículos 196 y 200 del Código Civil de la Federación de Rusia), incluso contra la persona a cuya cuenta se transfirieron los fondos sustraídos. Si después de la terminación del procedimiento se identifica a una persona implicada, su implicación no se comprueba reanudando la investigación, sino mediante instrumentos propios de la fase de iniciación del procedimiento, conforme a un procedimiento análogo al previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, con la obtención de explicaciones, el requerimiento de documentos, la designación de un peritaje y otras actuaciones. Si se confirma la implicación, la resolución anterior se revoca y simultáneamente se dicta una nueva resolución individualizada de terminación del procedimiento; la persona puede aceptar el fundamento no rehabilitador u oponerse, en cuyo caso la resolución se revoca y la investigación se lleva a cabo conforme a las reglas de la parte segunda.2 del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, computándose los plazos de caducidad desde el momento de la revocación de la resolución, y, una vez remitido el asunto al tribunal, se aplica la parte octava del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia. Los órganos de investigación están obligados a garantizar la conservación de los materiales de los procedimientos terminados durante un tiempo razonable.
El Tribunal calificó de garantía adicional un mecanismo compensatorio: cuando se exceda el plazo razonable de las actuaciones prejudiciales y no se hayan adoptado medidas para identificar oportunamente al culpable, la víctima tiene derecho a presentar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación del procedimiento o de denegación de su iniciación, una solicitud de concesión de una indemnización (apartado 7.3 del artículo 3 de la Ley Federal de 30 de abril de 2010 n.º 68-ФЗ). En definitiva, el apartado 3 de la parte primera del artículo 24 y la parte tercera del artículo 214 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia fueron declarados no contrarios a la Constitución de la Federación de Rusia en el sentido jurídico-constitucional establecido, que es de obligado cumplimiento general y excluye cualquier otra interpretación. Atribuir a las normas un sentido diferente sería contrario a los artículos 15 (apartado 2), 19 (apartado 1), 46 (apartados 1 y 2) y 52 de la Constitución de la Federación de Rusia.
La fundamentación se basa en posiciones previamente desarrolladas por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, entre ellas: Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 26 de octubre de 2021 n.º 45-П, Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 18 de julio de 2022 n.º 33-П, Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 28 de marzo de 2024 № 13-П.
Para las víctimas se establece un conjunto de garantías que siguen vigentes incluso después de la terminación del procedimiento por prescripción: el derecho a una investigación efectiva, que debe llevarse a cabo antes de que expire el plazo de prescripción; el derecho a impugnar la resolución de terminación, alegando una calificación incorrecta, una fecha incorrecta de comisión del delito o la existencia de motivos para suspender el transcurso de la prescripción; el derecho a acceder a los materiales del procedimiento terminado para fundamentar una demanda civil; y el derecho a una indemnización por la vulneración del plazo razonable del procedimiento judicial. Al mismo tiempo, se elimina la expectativa de que un procedimiento por un delito cometido por una persona no identificada pueda investigarse indefinidamente: la prescripción comienza a transcurrir desde el momento de la comisión del hecho, por lo que resulta conveniente que la víctima actúe dentro de dicho plazo.
Se confirma para los órganos de investigación la admisibilidad de terminar el procedimiento con arreglo al punto 3 de la parte primera del artículo 24 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia respecto de una persona no identificada, sin determinar la posición de ninguna persona, pero siempre que previamente se haya llevado a cabo todo el conjunto necesario de diligencias de investigación para identificar al culpable. En los delitos cuyos elementos objetivos coincidan con los enumerados en las partes cuarta y quinta del artículo 78 del Código Penal de la Federación de Rusia, queda excluida la terminación por prescripción durante la fase prejudicial; el procedimiento debe suspenderse. Asimismo, se introduce la obligación de garantizar la conservación de los materiales de los procedimientos penales terminados durante un plazo razonable y, cuando se identifique a una persona implicada, de aplicar los instrumentos de verificación conforme a un procedimiento análogo al del artículo 144 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, dictando una resolución individualizada.
Para los tribunales se formulan dos reglas prácticas. Primera: si la resolución de terminación del procedimiento ha sido declarada ilegal mediante una resolución firme dictada con arreglo al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, no es necesario presentar una nueva solicitud conforme al artículo 214.1 del mismo Código; la resolución judicial debe ejecutarse. Segunda: al examinar las quejas conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, el tribunal no se limita a una comprobación formal, sino que evalúa la fundamentación fáctica de las actuaciones y omisiones, incluida la ineficacia de la investigación, señalando las infracciones concretas que deben subsanarse. En el proceso civil, el tribunal no puede ignorar los materiales del procedimiento penal que acrediten la existencia del delito, aunque la persona implicada no haya adquirido la condición de sospechoso o acusado, y no está vinculado por las conclusiones de la resolución de terminación del procedimiento.
A la persona cuya implicación se haya establecido después de la terminación del procedimiento se le garantiza el derecho a oponerse a la terminación de la persecución penal por un motivo no rehabilitador; en tal caso, la investigación se reanuda conforme a las reglas de la parte segunda.2 del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, y los plazos preclusivos previstos en ella se computan desde el momento de la anulación de la resolución de terminación del procedimiento. Se señala al legislador federal la posibilidad de introducir modificaciones que precisen el procedimiento de terminación de los procedimientos por prescripción y garanticen garantías adicionales de los derechos de las víctimas en los procedimientos en los que los plazos de prescripción hayan expirado y no se haya identificado a los culpables.
El sentido constitucional-jurídico establecido de las normas impugnadas ha sido reconocido como de aplicación obligatoria general, lo que excluye cualquier otra interpretación en la práctica de aplicación del Derecho. El asunto de V.G. Petrov, en el que las normas fueron aplicadas mediante una interpretación divergente de dicho sentido, debe revisarse conforme al procedimiento establecido, siempre que no existan otros impedimentos.
Análisis preparado a partir de los materiales de la base de datos CasusLegal (jurisprudencia de los tribunales superiores de la Federación de Rusia). Las denominaciones de las resoluciones mencionadas enlazan con su texto completo en CasusLegal.