CasusLegalCorpus de jurisprudencia de los tribunales superiores
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Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 17 de julio de 2026 № 50-П en el asunto sobre el examen de la constitucionalidad de los artículos 318 y 319 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia en relación con la queja de la ciudadana V.A.Barsukova. Mediante la Resolución, las normas fueron declaradas conformes con la Constitución en una interpretación que excluye la devolución de la denuncia y la inadmisión a trámite por motivos relacionados con información de la que la víctima no dispone ni está obligada a disponer.
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V.A.Barsukova acudió al juez de paz del distrito judicial № 77 de San Petersburgo con una denuncia para iniciar un proceso penal por acusación privada contra la ciudadana L., indicando que esta la había calumniado durante una vista en un asunto civil al presentar documentos con información no veraz, es decir, que había cometido el delito previsto en la parte primera del artículo 128.1 del Código Penal de la Federación de Rusia. Mediante resolución de 12 de julio de 2023, el juez de paz le propuso adaptar la denuncia a los requisitos de las partes quinta y sexta del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia; tras la nueva presentación de la denuncia, mediante resolución de 24 de julio de 2023, rechazó su admisión a trámite, alegando una descripción incompleta del hecho delictivo, la ausencia de datos de los documentos acreditativos de la identidad de la víctima, la insuficiencia de los datos de la persona sometida a responsabilidad penal y la falta de una lista de testigos. Esta decisión fue anulada mediante resolución de apelación de 18 de septiembre de 2023; sin embargo, mediante resolución de 6 de noviembre de 2023 se volvió a requerir a la denunciante que subsanara las deficiencias y, mediante resolución de 30 de noviembre de 2023, se rechazó la admisión de la denuncia, entre otros motivos por no indicar la intención, el motivo y la finalidad del delito, la fecha y el lugar de nacimiento de la víctima, la serie y el número de su pasaporte, así como los apellidos, nombres y patronímicos y los teléfonos de contacto de los testigos. La legalidad de la decisión fue confirmada por los tribunales de apelación y casación y por un juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia.
La denunciante solicitó que los artículos 318 y 319 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia fueran declarados contrarios a los artículos 19 (parte 1), 45 (parte 1) y 52 de la Constitución de la Federación de Rusia, en la medida en que no garantizan la protección estatal de los derechos de las víctimas en los asuntos de acusación privada: al no establecer el alcance ni el grado de detalle de la información que debe comunicarse al juez de paz, permiten rechazar arbitrariamente la admisión de la denuncia a trámite. Durante el examen del asunto por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, las decisiones dictadas en el asunto de la denunciante fueron anuladas, y la denuncia fue remitida para un nuevo examen al juez de paz, quien, mediante resolución de 18 de mayo de 2026, la remitió al órgano de investigación preliminar debido a que la Ley Federal de 7 de junio de 2025 № 146-ФЗ había trasladado los asuntos relativos al delito previsto en la parte primera del artículo 128.1 del Código Penal de la Federación de Rusia a la categoría de asuntos de acusación semipública.
El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia partió de que la Constitución de la Federación de Rusia garantiza a las víctimas de delitos el acceso a la justicia y la indemnización por el daño causado sobre la base de la igualdad de todos ante la ley y los tribunales (artículo 19, parte 1; artículo 46, parte 1; artículo 52), pero no determina un procedimiento concreto para dicho acceso, cuya elección encomienda al legislador. Las posiciones formuladas anteriormente sobre el derecho del legislador a diferenciar el procedimiento aplicable a las distintas categorías de asuntos penales e incluir en él elementos dispositivos teniendo en cuenta la voluntad de la víctima (Resoluciones de 14 de enero de 2000 № 1-П, de 27 de junio de 2005 № 7-П, de 15 de octubre de 2018 № 36-П, de 28 de junio de 2023 № 36-П y de 28 de marzo de 2024 № 13-П) se aplicaron al procedimiento en asuntos de acusación privada, cuya especificidad viene determinada por el carácter interpersonal de los conflictos, la necesidad de tener en cuenta la percepción subjetiva del hecho por la víctima y la reducida peligrosidad social de los delitos correspondientes. El procedimiento simplificado para iniciar el proceso presupone simultáneamente un acceso real de la víctima a la justicia, la eficacia de la tutela judicial, el equilibrio entre los intereses de la víctima y los de la persona involucrada en el proceso penal, así como el establecimiento de requisitos razonables para la denuncia que excluyan tanto cargas excesivas como la admisión a trámite de acusaciones manifiestamente infundadas.
La denuncia de la víctima no solo se considera motivo para iniciar un proceso penal por acusación privada, sino también, en esencia, un escrito de acusación que se entrega al acusado para preparar su defensa (Resoluciones de 14 de enero de 2000 № 1-П y de 15 de octubre de 2018 № 36-П). No obstante, el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia no exige ni puede exigir requisitos imposibles de cumplir respecto del contenido de una denuncia redactada mediante la exposición libre de la información enumerada en la parte quinta del artículo 318: no se exige a la víctima un análisis jurídico detallado de los elementos objetivos y subjetivos del delito, como el que consta en un escrito de acusación del órgano de investigación preliminar o en un escrito de acusación del instructor; es necesaria y suficiente la descripción de los aspectos fácticos del supuesto delito y la indicación de la norma de la ley penal aplicable (Auto de 23 de junio de 2005 № 268-О). La información comunicada se refiere al hecho delictivo supuesto, no probado, y la ley no exige que la denuncia esté respaldada por pruebas, cuya presentación y examen corresponden a la fase de práctica de la prueba ante el tribunal.
Una interpretación diferente implicaría atribuir a la víctima funciones de persecución penal de carácter público en una medida propia de los órganos de investigación preliminar y de instrucción previa, lo que carece de fundamento constitucional (Autos de 17 de septiembre de 2013 № 1336-О y de 5 de diciembre de 2019 № 3272-О), mientras que el principio dispositivo en los asuntos de acusación privada constituye una garantía adicional de los derechos de las víctimas (Resoluciones de 27 de junio de 2005 № 7-П y de 28 de junio de 2023 № 36-П). Esta aplicación del derecho supeditaría la protección de los derechos a la situación patrimonial o profesional de la persona, su formación, sus conocimientos jurídicos o su acceso a los datos personales de otras personas, y se apartaría de las exigencias de los artículos 19 (partes 1 y 2), 46 (parte 1) y 52 de la Constitución de la Federación de Rusia. La falta de conocimientos especializados de la víctima y la imposibilidad de obtener por sí misma la información necesaria no pueden impedir el acceso a la justicia, puesto que la ley prevé mecanismos de carácter público para compensar esas limitaciones.
El derecho a la tutela judicial presupone la existencia de mecanismos institucionales y procesales para su plena realización y exige que el tribunal utilice todos los instrumentos procesales disponibles y actúe con la debida diligencia procesal (resoluciones de 13 de abril de 2017 № 11-П y de 19 de noviembre de 2024 № 53-П). El principio de contradicción y la igualdad de las partes (artículo 123, parte 3, de la Constitución de la Federación de Rusia) no excluyen la función organizadora del tribunal, que no sustituye las funciones de las partes. En los procesos por delitos de acusación privada, dicha función está prevista en la parte segunda del artículo 319 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia: a solicitud de las partes, el tribunal presta asistencia en la obtención de pruebas que los participantes en el proceso no pueden obtener por sí mismos, incluida la solicitud de datos sobre la persona sometida a responsabilidad penal y sobre los testigos, puesto que la parte quinta del artículo 318 no exige que el denunciante presente datos de los que objetivamente no dispone ni debe disponer (Resolución de 28 de marzo de 2024 № 13-П; autos de 25 de septiembre de 2014 № 2161-О, de 19 de diciembre de 2019 № 3338-О y de 27 de enero de 2022 № 182-О). Esta facultad también puede ejercerse antes de que se admita la denuncia a trámite.
Las normas de la legislación penal constituyen el presupuesto sustantivo de la actividad procesal: la acusación debe basarse en disposiciones que determinen todos los elementos del tipo penal (resoluciones de 19 de noviembre de 2013 № 24-П y de 7 de marzo de 2017 № 5-П). El contenido de la denuncia determina el objeto y los límites del futuro proceso y condiciona el nacimiento de las facultades del tribunal para examinarla; por ello, no basta con una indicación formal de los elementos del acto ilícito que se consideran presentes: las circunstancias fácticas descritas deben indicar claramente los elementos de un tipo penal concreto atribuido a los procesos por delitos de acusación privada. Cuando sea evidente la ausencia de tales elementos, así como cuando la cuestión corresponda a otra competencia o jurisdicción, incluida la calificación de los hechos como delito perseguible mediante acusación privada-pública o pública, infracción administrativa o ilícito civil, el tribunal está obligado a remitir la denuncia al órgano competente o a devolvérsela al denunciante, explicando las razones reales de la decisión y la posibilidad de acudir a los órganos correspondientes. La exclusión absoluta de esta posibilidad vulneraría el equilibrio de intereses entre la víctima y la persona contra la que se presentó la denuncia, colocando a esta última en la posición de acusada sin fundamentos suficientes, en contra de los artículos 17 (parte 3) y 49 (parte 1) de la Constitución de la Federación de Rusia.
La elección de la decisión tras el examen preliminar de la denuncia se realiza teniendo en cuenta la naturaleza de las deficiencias detectadas, su carácter evidente y su posibilidad de subsanación, así como la posibilidad de que la víctima defienda por sí misma sus derechos; la denegación de la admisión de la denuncia solo está permitida como medida posterior cuando no se haya cumplido dentro del plazo establecido la indicación del tribunal. La persona interesada tiene derecho a recibir una respuesta adecuada a su solicitud (autos de 25 de enero de 2005 № 42-О, de 21 de octubre de 2008 № 525-О-О y de 30 de noviembre de 2023 № 3243-О), y el tribunal no puede negarse a examinar y valorar los argumentos ni a motivar sus decisiones (autos de 8 de julio de 2004 № 237-О, de 28 de enero de 2021 № 40-О y de 26 de febrero de 2026 № 307-О). La resolución de devolución de la denuncia debe ser conforme a Derecho, fundada y motivada en virtud de la parte cuarta del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia; la indicación de requisitos excesivos o imposibles de cumplir, así como la devolución reiterada de la denuncia por nuevas deficiencias no señaladas anteriormente, demuestra la ilegalidad de la decisión y vulnera los artículos 18, 21 (parte 1), 45 y 46 (parte 1) de la Constitución de la Federación de Rusia. Si las deficiencias se subsanan dentro del plazo establecido, el tribunal no puede denegar la admisión de la denuncia a trámite. A la luz de lo expuesto, los artículos 318 y 319 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia han sido declarados conformes con la Constitución de la Federación de Rusia en el sentido constitucional-jurídico establecido, que es de obligado cumplimiento general y excluye cualquier otra interpretación de dichos artículos en la práctica de aplicación del Derecho.
La fundamentación se basa en posiciones previamente desarrolladas por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, entre ellas: Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 15 de octubre de 2018 № 36-П, Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 28 de junio de 2023 № 36-П, Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 28 de marzo de 2024 № 13-П.
La resolución establece los límites del examen preliminar por el juez de paz de una denuncia por delito en un proceso de acusación privada. La devolución de la denuncia y la posterior denegación de su admisión a trámite no pueden basarse en la insuficiencia de la descripción jurídica de los hechos, la falta de prueba de la comisión del presunto delito, la inexactitud de los datos fácticos, la falta de indicación de los datos personales completos de la persona sometida a responsabilidad penal y de los testigos, ni tampoco de otros datos de los que la víctima no puede o no debe disponer. Los requisitos relativos a exponer la intención, el motivo y la finalidad del delito, así como a presentar los datos del pasaporte de los participantes y los números de teléfono de contacto de los testigos cuando el denunciante no tenga acceso a ellos, no se ajustan al sentido constitucional-jurídico establecido de las normas impugnadas.
Se ordena a los tribunales ejercer la facultad de prestar asistencia en la obtención de pruebas, prevista en la parte segunda del artículo 319 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, incluso antes de admitir la denuncia a trámite y a solicitud de la persona que la haya presentado, para solicitar datos sobre la persona sometida a responsabilidad penal y sobre los testigos. Al mismo tiempo, se mantiene la posibilidad de devolver la denuncia cuando sea evidente la ausencia de elementos de un delito de acusación privada, explicando otro procedimiento para la protección de los derechos, o de remitirla al jefe del órgano de instrucción o al jefe del órgano de investigación preliminar, si los hechos se persiguen mediante acusación privada-pública o pública.
Se han formalizado los requisitos aplicables a la resolución de devolución de la denuncia: debe contener una indicación concreta de todas las deficiencias que permita subsanarlas dentro del plazo establecido o impugnar la decisión de forma motivada. Queda excluida la devolución reiterada de la denuncia con indicación de deficiencias que el tribunal no hubiera señalado anteriormente y, si las deficiencias indicadas por el tribunal se subsanan dentro del plazo, no se puede denegar la admisión de la denuncia a trámite. El sentido constitucional-jurídico establecido es de obligado cumplimiento general y excluye cualquier otra interpretación de los artículos 318 y 319 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.
El Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia no apreció motivos para revisar las resoluciones judiciales dictadas en el asunto de V.A. Barsukova, puesto que las resoluciones dictadas en su asunto fueron anuladas durante el proceso constitucional y la denuncia fue remitida al órgano de investigación preliminar debido a que la Ley Federal de 7 de junio de 2025 № 146-ФЗ trasladó los delitos previstos en la parte primera del artículo 128.1 del Código Penal de la Federación de Rusia a la categoría de delitos perseguibles mediante acusación privada-pública. En virtud de la parte cuarta del artículo 100 de la Ley Constitucional Federal «Sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia», la denunciante tiene derecho a la aplicación de mecanismos compensatorios, cuya forma y cuantía serán determinadas por el juez de paz del distrito judicial № 77 de San Petersburgo, que examinó su asunto en primera instancia.
Análisis preparado a partir de los materiales de la base de datos CasusLegal (jurisprudencia de los tribunales superiores de la Federación de Rusia). Las denominaciones de las resoluciones mencionadas enlazan con su texto completo en CasusLegal.