Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 16 de julio de 2026 № 49-П relativa al examen de la constitucionalidad del apartado 1 del artículo 54, el apartado 2 del artículo 61 y el artículo 69 del Código de Familia de la Federación de Rusia a raíz de la demanda de una ciudadana de la República de Uzbekistán, A. Mediante la resolución, las normas fueron declaradas conformes con la Constitución en la interpretación que permite examinar y estimar una demanda de privación de la patria potestad presentada por una persona mayor de edad que fue víctima de un delito cometido por su progenitor.
Las denominaciones de los actos mencionados son enlaces activos: el enlace abre el texto completo del acto en CasusLegal.
Una ciudadana de la República de Uzbekistán, A., impugnó la constitucionalidad del apartado 1 del artículo 54, el apartado 2 del artículo 61 y el artículo 69 del Código de Familia de la Federación de Rusia, considerados conjuntamente. Su padre, D.R., fue declarado culpable mediante sentencia judicial de haber cometido, durante el período comprendido entre septiembre de 2015 y septiembre de 2021, contra la demandante y su hermana menor, los delitos previstos en el apartado «а» de la parte tercera y el apartado «б» de la parte cuarta del artículo 132 del Código Penal de la Federación de Rusia, y fue condenado a 14 años y 6 meses de privación de libertad. Anteriormente, mediante resolución de un tribunal de distrito, D.R. había sido privado parcialmente de la patria potestad respecto de la demandante y de otros tres hijos menores suyos; además, a raíz de la demanda de la madre de la demandante, fue privado de la patria potestad respecto de sus hermanos y hermana menores.
El juez del tribunal de distrito denegó la admisión de la demanda de A. contra D.R. para la privación de la patria potestad, remitiéndose a los artículos 54, 69 y 70 del Código de Familia de la Federación de Rusia, porque en el momento de presentar la demanda la solicitante había alcanzado la mayoría de edad; no se examinó el delito concreto como fundamento de la privación de la patria potestad. La instancia de apelación confirmó la resolución, remitiéndose al apartado 2 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 14 de noviembre de 2017 № 44; se denegó la remisión del recurso de casación a la Sala Judicial de lo Civil del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. El juez de casación indicó que los objetivos y motivos de la actuación de la solicitante carecían de relevancia jurídica, puesto que el derecho correspondiente estaba limitado por la ley y condicionado por la edad. Según la solicitante, las normas impugnadas, tal como son interpretadas por la práctica de aplicación del derecho, privan a las personas víctimas de un delito cometido por su progenitor de la posibilidad de romper el vínculo jurídico con este si, al acudir a los tribunales o durante el examen del asunto, han alcanzado la mayoría de edad.
El Tribunal Constitucional delimitó como objeto del examen el apartado 1 del artículo 54, el apartado 2 del artículo 61 y el artículo 69 del Código de Familia de la Federación de Rusia, considerados conjuntamente, en la medida en que, con fundamento en ellos, se resuelve la cuestión de la posibilidad de poner fin al vínculo jurídico de una persona mayor de edad con un progenitor que anteriormente cometió contra ella un delito cuya comisión constituye fundamento para la privación de la patria potestad. El Tribunal se basó en los artículos 2, 17 (apartado 1), 18, 21 (apartado 1), 23 (apartado 1), 41 (apartado 1), 52 y 75.1 de la Constitución de la Federación de Rusia y en las posiciones expresadas anteriormente según las cuales nadie puede ser limitado en la tutela judicial de su dignidad y de los derechos relacionados con ella y, respecto de la víctima de un delito, el Estado está obligado a garantizar la posibilidad de defender sus derechos y proteger su dignidad por cualquier medio no prohibido por la ley; lo contrario supondría menoscabar el honor y la dignidad de la persona no solo por el delincuente, sino también por el propio Estado. También se tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad, que exige que la regulación no atente contra la esencia del derecho ni conduzca a la pérdida de su contenido efectivo.
El Tribunal analizó el sistema de regulación jurídico-familiar: los derechos parentales previstos en el capítulo 12 del Código de Familia de la Federación de Rusia cesan cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad o adquieren plena capacidad jurídica; la privación de los derechos parentales se aplica como medida extrema de responsabilidad ante una conducta ilícita y culpable del progenitor, y únicamente cuando no sea posible proteger los derechos del niño por otra vía; la legislación vigente no prevé la privación de los derechos parentales respecto de una persona mayor de edad, premisa de la que parte también la aclaración del apartado 2 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 14 de noviembre de 2017 № 44, que vincula la mayoría de edad con la inadmisión de la demanda y la terminación del procedimiento.
No obstante, la cesación de los derechos parentales conforme al capítulo 12 del Código no agota el vínculo jurídico entre el progenitor y el hijo mayor de edad: el parentesco conserva relevancia en las relaciones de vivienda y sucesorias, genera la obligación de mantener a los progenitores incapacitados y necesitados, otorga el derecho a solicitar que se declare a una persona incapacitada y la preferencia para ser tutor, y produce consecuencias en el ámbito del secreto médico y de la manifestación de voluntad sobre la extracción de órganos post mortem. El Tribunal no consideró que determinados mecanismos que permiten tener en cuenta la conducta desleal del progenitor —exención de la obligación de alimentos, exclusión de la sucesión, testamento, cambio de apellido y patronímico— constituyeran garantías suficientes y adecuadas para proteger los derechos de las víctimas, puesto que son aplicables únicamente en algunos casos y no aseguran una protección integral de la dignidad de la persona.
El fundamento de la motivación fue la comparación con la institución de la adopción. Conforme al Auto de 17 de diciembre de 2008 № 1055-О-П, el artículo 144 del Código de Familia de la Federación de Rusia no implica que deba desestimarse una pretensión de anulación de la adopción formulada por la persona adoptada que haya alcanzado la mayoría de edad, cuando el adoptante haya cometido contra ella un delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluso sin el consentimiento del adoptante. Al reconocer las diferencias entre la adopción y la filiación de los hijos acreditada conforme al procedimiento establecido, el Tribunal señaló que el hijo mayor de edad cuyo progenitor haya cometido contra él ese delito no puede ser colocado en una situación desigual respecto de una persona adoptada víctima de un delito análogo, y que no pueden imponerse al menor víctima, que no tuvo la posibilidad de proteger por sí mismo sus derechos, las consecuencias de que el progenitor no hubiera sido privado oportunamente de los derechos parentales.
El Tribunal concluyó que mantener, contra la voluntad de un ciudadano mayor de edad, el vínculo jurídico con el progenitor que haya cometido contra él un delito de esa naturaleza afecta a la dignidad de la persona y pone en duda la eficacia de las garantías de protección de las víctimas, en contra de los artículos 18, 19, 21 (parte 1), 23 y 52 de la Constitución de la Federación de Rusia. Al mismo tiempo, los enfoques establecidos para interpretar las normas impugnadas no se apartan, en principio, de los objetivos y valores constitucionales; sin embargo, la inexistencia de otra posibilidad de poner fin a dicho vínculo determina que deban interpretarse en el sentido de que no impiden el examen y la estimación de las correspondientes demandas de ciudadanos mayores de edad; la estimación de una demanda de ese tipo coloca al ciudadano en la situación en la que se habría encontrado si el progenitor hubiera sido privado oportunamente de los derechos parentales.
El apartado 1 del artículo 54, el apartado 2 del artículo 61 y el artículo 69 del Código de Familia de la Federación de Rusia, considerados conjuntamente, fueron declarados conformes con la Constitución de la Federación de Rusia, puesto que, por su sentido jurídico-constitucional, no impiden que los tribunales examinen y estimen demandas de privación de los derechos parentales presentadas por ciudadanos mayores de edad respecto de los cuales el progenitor hubiera cometido, antes de que alcanzaran la mayoría de edad, un delito que constituya fundamento para la privación de los derechos parentales. Atribuir a las normas otro sentido sería contrario a los artículos 2, 17, 18, 19 (partes 1 y 2), 21 (parte 1), 23 (parte 1), 38, 45, 46 (parte 1), 52 y 75.1 de la Constitución de la Federación de Rusia.
La fundamentación se basa en posiciones previamente desarrolladas por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, entre ellas: Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 14 de noviembre de 2005 № 10-П, Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 9 de julio de 2013 № 18-П, Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 20 de junio de 2018 № 25-П.
El sentido jurídico-constitucional identificado fue declarado de aplicación general obligatoria, lo que excluye cualquier otra interpretación de las normas impugnadas en la práctica de aplicación del derecho. De este modo, se corrigió el enfoque basado en el apartado 2 de la Resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 14 de noviembre de 2017 № 44: el hecho de que el demandante alcance la mayoría de edad ya no puede, por sí solo, servir de fundamento para inadmitir una demanda de privación de los derechos parentales conforme al punto 1 de la parte 1 del artículo 134 del Código de Procedimiento Civil de la Federación de Rusia ni para poner fin al procedimiento conforme al segundo párrafo del artículo 220 del Código de Procedimiento Civil de la Federación de Rusia, cuando la pretensión haya sido formulada por una persona respecto de la cual el progenitor cometió, antes de que alcanzara la mayoría de edad, un delito que implique la privación de los derechos parentales.
El ámbito de aplicación de esta posición es limitado: se extiende a los casos en que el progenitor cometa contra el hijo un delito cuya comisión constituya, conforme a la legislación, fundamento para la privación de los derechos parentales, en particular delitos contra la libertad e indemnidad sexual y delitos dolosos contra la vida o la salud. Fuera de estas situaciones, se mantiene la regla general de que los derechos parentales previstos en el capítulo 12 del Código de Familia de la Federación de Rusia cesan cuando el hijo alcanza la mayoría de edad y de que la privación de los derechos parentales no se aplica a personas mayores de edad.
La aplicación de las normas sobre privación de los derechos parentales en la interpretación indicada tiene carácter subsidiario: únicamente es posible en la medida en que la legislación no prevea otro mecanismo jurídico para poner fin al vínculo jurídico entre el progenitor y el hijo que haya alcanzado la mayoría de edad. No se reconocieron como garantía autónoma y suficiente las medidas sectoriales en materia de alimentos y sucesiones, ni la posibilidad de cambiar el apellido y el patronímico.
Se indicó al legislador federal la posibilidad de introducir, sin limitarse a las medidas existentes y teniendo en cuenta las posiciones jurídicas de la presente Resolución, modificaciones en la regulación jurídica que aseguren una protección integral de los derechos de los ciudadanos en la situación examinada mediante la terminación del vínculo jurídico entre esos progenitores y sus hijos.
Las resoluciones judiciales dictadas en el asunto de la ciudadana de la República de Uzbekistán A. con fundamento en las normas impugnadas, en una interpretación divergente del sentido jurídico-constitucional identificado, están sujetas a revisión conforme al procedimiento establecido. La Resolución es definitiva, entra en vigor el día de su publicación oficial y tiene efecto directo.
Análisis preparado a partir de los materiales de la base de datos CasusLegal (jurisprudencia de los tribunales superiores de la Federación de Rusia). Las denominaciones de las resoluciones mencionadas enlazan con su texto completo en CasusLegal.