CasusLegalCorpus de jurisprudencia de los tribunales superiores
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Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 9 de julio de 2026 n.º 47-П sobre el asunto relativo al control de constitucionalidad del subapartado 9 del apartado 2 del artículo 39.3 del Código de Tierras de la Federación de Rusia y del párrafo primero del apartado 4 del artículo 10 de la Ley Federal «Sobre la circulación de las tierras agrícolas», a raíz de la solicitud del Gobierno de la región de Omsk. En la sentencia, las normas fueron declaradas conformes con la Constitución en la interpretación según la cual la inexistencia de información sobre infracciones detectadas y no subsanadas genera una presunción refutable de buena fe del arrendatario, y no constituye un fundamento incondicional para la venta de la parcela.
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El Gobierno de la región de Omsk acudió al Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia mediante una solicitud. Se impugnaron el subapartado 9 del apartado 2 del artículo 39.3 del Código de Tierras de la Federación de Rusia, que prevé la venta sin licitación de parcelas destinadas a la producción agrícola y cedidas en arrendamiento a su arrendatario una vez transcurridos tres años desde la celebración del contrato de arrendamiento o desde la transmisión de los derechos y obligaciones derivados de este, siempre que el órgano competente no disponga de información sobre infracciones de la legislación detectadas en el marco de la supervisión estatal de tierras y no subsanadas en relación con el uso de dicha parcela, así como el párrafo primero del apartado 4 del artículo 10 de la Ley Federal de 24 de julio de 2002 n.º 101-ФЗ «Sobre la circulación de las tierras agrícolas», que consagra el derecho de dicho arrendatario a adquirir la parcela en propiedad o celebrar un nuevo contrato de arrendamiento.
A juicio del solicitante, las normas impugnadas crean condiciones para la privatización simplificada de parcelas agrícolas por arrendatarios de mala fe y no son conformes con los artículos 9 (parte 1) y 58 de la Constitución de la Federación de Rusia. El Gobierno de la región de Omsk señaló que el mero hecho de subsanar la infracción, incluso inmediatamente antes de presentar la solicitud de celebración del contrato de compraventa, puede no acreditar la buena fe del arrendatario, y que debe atribuirse importancia decisiva a la ausencia de infracciones durante un período prolongado. En la solicitud también se indicaba que las normas no permiten al órgano del poder público denegar la venta de la parcela sin licitación cuando existe información sobre infracciones cometidas por esa misma persona y no subsanadas al utilizar otras parcelas de finalidad análoga.
El Tribunal Constitucional partió de que la tierra y los demás recursos naturales se utilizan y protegen como base de la vida y de la actividad de los pueblos que habitan el territorio correspondiente (artículo 8, parte 2; artículo 9 de la Constitución de la Federación de Rusia), y de que la posesión, el uso y la disposición de la tierra se ejercen libremente siempre que ello no cause daños al medio ambiente ni vulnere los derechos de otras personas (artículo 36). La caracterización constitucional de la tierra determina la exigencia de su utilización y protección racionales y eficaces, lo que justifica el derecho del legislador federal a establecer normas, procedimientos y condiciones especiales para el uso de la tierra; así se había señalado anteriormente en las resoluciones de 23 de abril de 2004 № 8-П y de 4 de junio de 2026 № 37-П. Los órganos del poder estatal de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia poseen en este ámbito una competencia amplia, que no se reduce al desempeño de funciones técnicas, y son responsables del estado de las relaciones relativas al uso de tierras agrícolas.
El Tribunal consideró que la regulación impugnada se había adoptado en el marco de un amplio margen de apreciación del legislador. La venta de la parcela al arrendatario sin licitación una vez transcurridos tres años de arrendamiento se considera una ventaja para las personas que durante un período prolongado hayan demostrado su disposición y capacidad para explotar la parcela; la redacción de las normas introducida por la Ley Federal de 3 de julio de 2016 № 336-ФЗ sustituyó el criterio valorativo del uso adecuado por una condición formalizada consistente en la ausencia de información sobre infracciones detectadas y no subsanadas, eliminando los riesgos de una discrecionalidad excesiva de los órganos del poder público y atribuyendo a los órganos competentes la carga de probar la existencia de infracciones. Al mismo tiempo, la precisión de los criterios para valorar la buena fe del interesado no implica una reducción sustancial del nivel de exigencia aplicable a este.
Basándose en la parte segunda del artículo 74 de la Ley Constitucional Federal «Sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia», el Tribunal señaló que el modelo elegido por el legislador no puede valorarse aisladamente del conjunto de mecanismos de derecho público y de derecho privado que garantizan el uso adecuado de la parcela agrícola. Entre dichos mecanismos figuran la responsabilidad administrativa prevista en el artículo 8.8 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, la expropiación de la parcela no utilizada o utilizada infringiendo la legislación (artículos 284 y 285 del Código Civil de la Federación de Rusia, artículo 6 de la Ley Federal «Sobre la circulación de tierras agrícolas»), la terminación del arrendamiento (apartado 2 del artículo 45 y apartado 2 del artículo 46 del Código de Tierras de la Federación de Rusia) y la reparación de los daños causados al medio ambiente (artículo 77 de la Ley Federal «Sobre la protección del medio ambiente»). El Tribunal también se remitió a la Resolución de 21 de abril de 2020 № 19-П, en la que las medidas preventivas y de garantía aplicables a los usuarios de mala fe de los recursos naturales fueron consideradas compatibles con los límites de las restricciones de derechos establecidos en el artículo 55 (parte 3) de la Constitución de la Federación de Rusia, y recordó la obligación de los tribunales de examinar sustancialmente las circunstancias fácticas, sin limitarse a comprobar las condiciones formales de aplicación de la norma.
El Tribunal destacó el carácter universal de la exigencia de una conducta de buena fe. La posibilidad de que una persona subsane una infracción sin perder el derecho a la privatización preferente se basa en la presunción de buena fe, pero presupone la subsanación íntegra de las infracciones dentro del plazo establecido por la ley y (o) por la orden del órgano de supervisión estatal de tierras. La subsanación tardía de las consecuencias de la infracción, las infracciones reiteradas durante el período de tres años, así como las infracciones graves que hayan dado lugar a que el arrendatario o las personas que actúen en su nombre sean sometidos a responsabilidad administrativa o penal, pueden desvirtuar dicha presunción. La imposibilidad de tener en cuenta tales hechos quebrantaría el equilibrio entre los intereses privados y públicos y sería contraria a la finalidad de la regulación.
Se examinó por separado la cuestión de las infracciones cometidas al utilizar otras parcelas. Según el sentido literal de las normas, dicha información no debe tenerse en cuenta; sin embargo, el Tribunal consideró que la buena fe en el ámbito del uso de la tierra no puede valorarse de forma fragmentaria y aislada respecto de cada parcela individual. La actitud de la persona respecto de otras parcelas agrícolas que se encuentren en su posesión fue reconocida como un indicador objetivo y fiable de su buena fe, puesto que, en relación con la parcela solicitada, el arrendatario tiene incentivos específicos para cumplir la ley. Imponer al órgano competente la obligación de vender la parcela sin tener en cuenta tales infracciones sería contrario a los artículos 8 (parte 2), 9, 36, 55 (parte 3) y 75.1 de la Constitución de la Federación de Rusia.
Al término del examen, el subapartado 9 del apartado 2 del artículo 39.3 del Código de Tierras de la Federación de Rusia y el primer párrafo del apartado 4 del artículo 10 de la Ley Federal «Sobre la circulación de tierras agrícolas» fueron declarados conformes con la Constitución de la Federación de Rusia en la medida en que no excluyen la facultad del órgano competente de denegar la venta de la parcela sin licitación teniendo en cuenta el número, la naturaleza y las consecuencias de las infracciones detectadas durante los tres años anteriores en el uso de esa parcela o de otra parcela de finalidad análoga que se encuentre en posesión de dicha persona, con independencia del fundamento de la posesión, si tales infracciones han producido consecuencias irreparables, han servido, dada su gravedad, de fundamento para exigir responsabilidad administrativa o penal, o han tenido carácter sistemático, lo que, pese a su subsanación total o parcial, demuestra la existencia de riesgos significativos de uso indebido de la parcela solicitada, de una reducción considerable de su fertilidad o de la causación de cualquier otro perjuicio sustancial a esta. El sentido constitucional-jurídico identificado fue declarado de aplicación general obligatoria, con exclusión de cualquier otra interpretación en la práctica de aplicación del derecho.
La fundamentación se basa en posiciones previamente desarrolladas por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, entre ellas: Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 21 de abril de 2020 № 19-П, Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 20 de octubre de 2022 № 45-П, Resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 4 de junio de 2026 n.º 37-П.
Para los órganos competentes que administran tierras públicas de finalidad agrícola, se establece que la ausencia formal de información sobre infracciones no subsanadas respecto de una parcela concreta no genera automáticamente la obligación de venderla a su arrendatario sin licitación. El órgano puede denegar la privatización preferente cuando existan circunstancias que desvirtúen la presunción de buena fe; no obstante, tal denegación debe basarse no en una discrecionalidad general, sino en el número, la naturaleza y las consecuencias de infracciones concretas detectadas durante los tres años anteriores.
Se ha ampliado el conjunto de circunstancias jurídicamente relevantes: deben tenerse en cuenta las infracciones cometidas por la misma persona al utilizar otras parcelas destinadas a la producción agrícola y que se encuentren en su posesión, con independencia del fundamento de esta. Esto modifica la interpretación literal consolidada de las normas, conforme a la cual la conducta del arrendatario se valoraba únicamente en relación con la parcela solicitada.
Para los tribunales se ha formulado un estándar para examinar los litigios sobre la legalidad de la denegación de la privatización sin licitación. La carga de aportar pruebas que desvirtúen la presunción de buena fe del arrendatario recae en el órgano del poder público; el tribunal valora el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, sus consecuencias, así como el plazo y la integridad de su subsanación, sin limitarse a comprobar las condiciones formales de aplicación de la norma. Este enfoque es coherente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y de los tribunales de arbitrazh de los distritos citada en la Resolución.
Para los arrendatarios es relevante que la subsanación de la infracción inmediatamente antes de presentar la solicitud de adquisición no garantiza la conservación del derecho al régimen preferente si la infracción fue subsanada fuera del plazo establecido, tuvo carácter sistemático o dio lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa o penal. Al mismo tiempo, la denegación de la privatización sin licitación no priva al arrendatario de la posibilidad de optar a la adquisición de la parcela con carácter general y conforme al procedimiento establecido por la ley.
La Resolución no estableció un régimen temporal de aplicación de las normas ni ordenó revisar resoluciones judiciales concretas, puesto que las normas fueron declaradas conformes con la Constitución de la Federación de Rusia según la interpretación identificada. Se señaló al legislador federal la posibilidad de precisar, en el marco de la mejora de la regulación, el procedimiento de privatización de estas parcelas por el arrendatario, en particular, de prever que se tengan en cuenta las infracciones cometidas al utilizar cualquier parcela de finalidad análoga y diferenciar las infracciones en función de su número, naturaleza y consecuencias.
Análisis preparado a partir de los materiales de la base de datos CasusLegal (jurisprudencia de los tribunales superiores de la Federación de Rusia). Las denominaciones de las resoluciones mencionadas enlazan con su texto completo en CasusLegal.