CasusLegalCorpus de jurisprudencia de los tribunales superiores
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Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 2 de julio de 2026 n.º 45-П relativa al examen de la constitucionalidad de las disposiciones sobre seguridad contra incendios en los bosques en lo que respecta a la obligación de los órganos de autogobierno local de limpiar de hierba seca y crear franjas cortafuegos en terrenos de propiedad estatal no delimitada adyacentes al fondo forestal, así como a la responsabilidad administrativa por su incumplimiento. En su sentencia, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia no declaró estas normas contrarias a la Constitución, pero determinó su sentido constitucional-jurídico: la obligación del municipio de limpiar dichos terrenos de materiales combustibles y crear franjas mineralizadas es una competencia estatal, no local, y solo puede atribuirse a un órgano de autogobierno local mediante una ley, con la transferencia simultánea de los recursos materiales y financieros necesarios; sin ello, queda excluida la imposición de responsabilidad administrativa al municipio conforme a la parte 3 del artículo 8.32 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.
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Un funcionario de la institución territorial «Protección Forestal» impuso a la administración del distrito de Kanski, del territorio de Krasnoyarsk, responsabilidad administrativa conforme a la parte 3 del artículo 8.32 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, porque en terrenos de propiedad estatal no delimitada adyacentes a una parcela forestal no se había realizado la limpieza de la vegetación herbácea seca y no existía una franja mineralizada cortafuegos durante un régimen especial de prevención de incendios. La multa ascendió a 600 000 rublos; el tribunal de distrito confirmó la resolución, el tribunal territorial redujo la multa a 300 000 rublos debido a la dependencia del presupuesto local de las subvenciones, y la instancia de casación y un juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia confirmaron los actos sin modificaciones.
La administración impugnó ante el Tribunal Constitucional las normas conexas sobre las competencias del autogobierno local para disponer de terrenos no delimitados, sobre la seguridad contra incendios en los bosques y sobre la responsabilidad administrativa, alegando que permitían imponer al municipio la obligación de mantener bienes estatales sin financiación y exigirle responsabilidad por incumplir una obligación para la que no tenía ni competencias ni recursos; es decir, que admitían una imputación objetiva y una carga financiera no prevista por la ley para un presupuesto dependiente de subvenciones.
El Tribunal Constitucional recordó que el poder público es responsable de la conservación de la naturaleza y está obligado a adoptar medidas eficaces para prevenir los incendios (Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 5 de marzo de 2013 n.º 5-П, Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 29 de septiembre de 2021 n.º 42-П y otros), y que el legislador no puede actuar arbitrariamente al distribuir las cuestiones de ámbito local: las competencias de los municipios deben definirse de forma clara y coherente, sin mezclarlas con cuestiones de importancia estatal (Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 29 de marzo de 2011 n.º 2-П).
Los terrenos cuya propiedad estatal no ha sido delimitada siguen siendo estatales por su naturaleza jurídica; la presunción del artículo 214 del Código Civil de la Federación de Rusia no lo contradice. La atribución a los órganos de autogobierno local de la competencia para disponer de dichos terrenos no convierte por sí sola el mantenimiento de esos bienes en una cuestión de ámbito local ni implica la atribución automática al municipio de la carga de su mantenimiento (Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 3 de julio de 2019 n.º 26-П). Por analogía con la legislación forestal, en la que la creación de barreras cortafuegos en terrenos del fondo forestal constituye una competencia federal transferida a los sujetos de la Federación de Rusia y financiada mediante subvenciones, la ley no ha transferido expresamente a los órganos de autogobierno local una competencia análoga respecto de los terrenos no delimitados adyacentes a los bosques.
Por tanto, la obligación de limpiar dichos terrenos de materiales combustibles y de crear franjas mineralizadas solo puede atribuirse a los órganos de autogobierno local mediante la transferencia, por una ley federal o por una ley de un sujeto de la Federación de Rusia, de la correspondiente competencia estatal, con la condición de que se transfieran simultáneamente los recursos materiales y financieros necesarios. Cualquier otra solución impondría a los municipios gastos excesivos que vulnerarían la autonomía del autogobierno local, algo especialmente gravoso para las entidades con una importante superficie forestal.
El Tribunal distinguió expresamente esta obligación de la obligación de crear o renovar franjas cortafuegos alrededor de los núcleos de población para protegerlos de la propagación de incendios naturales: esta última persigue objetivos distintos, corresponde simultáneamente a las competencias de los órganos del poder estatal y de los órganos de autogobierno local, y su distribución entre los niveles del poder público no fue examinada en este asunto.
Por último, al referirse a los principios de determinación de la responsabilidad administrativa (Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 31 de mayo de 2005 n.º 6-П), el Tribunal subrayó que la norma en blanco de la parte 3 del artículo 8.32 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia solo es admisible en la medida en que la norma reguladora a la que remite esté efectivamente dirigida a la persona a la que se exige responsabilidad (Sentencia del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia de 6 de noviembre de 2024 n.º 50-П). Exigir responsabilidad al órgano de autogobierno local por incumplir una obligación que la ley no le había impuesto equivaldría a exigir responsabilidad por incumplir requisitos que no estaban dirigidos a él, en contra del artículo 54 (parte 2) de la Constitución de la Federación de Rusia.
La sentencia distingue la cuestión de la culpabilidad del municipio conforme al Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia de la cuestión del reparto de competencias entre los niveles del poder público: mientras el legislador no atribuya expresamente a los órganos de autogobierno local la competencia para limpiar los terrenos no delimitados situados junto a los bosques y no transfiera la financiación correspondiente, queda excluida la imposición de responsabilidad al municipio conforme a la parte 3 del artículo 8.32 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia por incumplir esta obligación.
Para los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales comerciales estatales (arbitrazh), esto significa que, en cada asunto de este tipo, deben comprobar no solo el hecho de que el terreno no haya sido limpiado, sino también la existencia de una base jurídica por la que la competencia estatal correspondiente se haya transferido al municipio junto con los recursos necesarios para ejercerla. Los actos judiciales dictados sin dicha comprobación están sujetos a revisión conforme a las reglas del capítulo 37 del Código de Procedimiento Arbitrazh de la Federación de Rusia, del capítulo 42 del Código de Procedimiento Civil de la Federación de Rusia o de normas procesales análogas.
Para los órganos del poder estatal de los sujetos de la Federación de Rusia y el legislador federal, la sentencia crea un incentivo directo para aprobar una ley de transferencia de la competencia correspondiente, por analogía con el mecanismo del artículo 83 del Código Forestal de la Federación de Rusia, financiado mediante subvenciones del presupuesto federal. Hasta que se apruebe dicha ley, los municipios cuya superficie está ocupada en gran parte por bosques no incurren en responsabilidad administrativa por no limpiar los terrenos no delimitados adyacentes a los bosques, lo que reduce la carga sobre los presupuestos locales dependientes de subvenciones.
La sentencia también precisa la relación entre la obligación prevista en el punto 10 de las Normas de seguridad contra incendios en los bosques y la obligación prevista en el segundo párrafo del punto 70 de las Normas del régimen de prevención de incendios: proteger los propios núcleos de población frente a la propagación de incendios naturales. La sentencia no afecta al alcance ni al reparto entre los niveles del poder público de esta segunda obligación, que conserva su vigencia con independencia del sentido determinado para la primera.
Análisis preparado a partir de los materiales de la base de datos CasusLegal (jurisprudencia de los tribunales superiores de la Federación de Rusia). Las denominaciones de las resoluciones mencionadas enlazan con su texto completo en CasusLegal.